LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Eufemísticamente se llama LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL a la modificación de la LEY REGULADORA DE LAS BASES DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL que data del año 1985.

            Según la explicación de motivos, se persiguen los siguientes objetivos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, garantizar su control financiero y presupuestario y favorecer la iniciativa privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

            Esta reforma hay que contextualizarla dentro de toda una serie de medidas de carácter regresivo que suponen un verdadero asalto totalitario contra los derechos sociales. La excusa es recurrente, la consolidación fiscal,  que encuentra su encaje legal en la reforma constitucional del artículo 135, a la que sigue la Ley de Estabilidad Presupuestaria y  finalmente la firma del  Memorándum de Entendimiento sobre el sector financiero (para rescatar a la Banca) en el que España se comprometía a cumplir con las mandamientos a los que nos someta la Troika.

             Para ello  se culpa a los Ayuntamientos de haber incurrido en déficit excesivo y tener niveles intolerables de deuda, cuando la realidad es bastante diferente porque la deuda no llega al 4% del total de la deuda pública, perteneciendo una buena parte de ella a grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Se pretende ahorrar 8.000 millones en tres años que dejarán de percibir de la parte que les corresponde de su participación  en los tributos del Estado, la táctica es sencilla:

-se eliminarán competencias municipales: educación, salud, servicios sociales, inspección sanitaria y defensa de consumidores y usuarios. Aquí la excusa es la duplicidad cuando es mentira porque las competencias están claramente delimitadas. Y además, de ser así, ¿por qué se les quitan a los Ayuntamientos cuando es la más cercana de las administraciones y la que mejor conoce las necesidades de su población?

-se hará depender de las Diputaciones provinciales servicios municipales en Ayuntamientos inferiores a 20.000 habitantes, cuando no se pueda acreditar la prestación de dichos servicios a un coste efectivo menor que el que dispongan las Diputaciones.  Hablamos de recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, acceso a los núcleos de población y tratamiento de residuos. Lo que realmente pretende esta medida es la privatización de estos servicios.

-se intenta eliminar Ayuntamientos pequeños a través de su disolución en otros mayores así como eliminar las  Entidades Locales de ámbito inferior al municipio.

-se suprimirá la independencia municipal en materia financiera y presupuestaria con un estricto control de gastos e ingresos.

-se restringirá gravemente la autonomía municipal y la participación ciudadana en los asuntos públicos, mientras se potencian administraciones decimonónicas como las Diputaciones.

- se suprimirá el artículo 28 de la Ley de 1985 que dice: “ los municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda ,la sanidad y la protección del medio ambiente”.

En resumen, se trata de un ataque al municipalismo cercenando la autonomía municipal mediante la  violación del  artículo 140 de la Constitución. Aunque el verdadero transfondo ideológico es la destrucción del Estado Social, un episodio más en la deriva neoliberal que desde Europa se está imponiendo a los pueblos.

                      IZQUIERDA UNIDA SAN VICENTE