11 de julio de 2012 por
Alberto Garzón Espinosa
El gobierno de Rajoy acaba de
anunciar las medidas que le ha impuesto la llamada troika –Fondo Monetario
Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo-, y que sin lugar a
dudas conducirán a la economía española a un abismo económico y social. Esta
afirmación podría fundamentarse utilizando la teoría económica con objeto de
demostrar la ineficacia técnica de las medidas, o también y más rápidamente
tras comprobar el resultado empírico que medidas similares están teniendo en
países como Grecia y Portugal.
Al margen del lugar en el que
estas medidas dejan a la democracia, puesto que son impuestas por órganos no
votados por la ciudadanía y representan un programa electoral que tampoco votó
nadie, conviene revisar las probabilidades de éxito en lo que se refieren a
creación de empleo y generación de crecimiento económico.
El gobierno español está
empobreciendo aún más a los trabajadores. Esta mañana ha reconocido que sube el
IVA en dos de sus tramos (el normal, hasta el 21%, y el reducido, hasta el
10%), rebaja las cotizaciones sociales un 1% por año, reduce las prestaciones
sociales por desempleo y retira prestaciones a los trabajadores públicos. Todo
ello significará una pérdida de poder adquisitivo que agravará las
consecuencias de una reforma laboral que, por primera vez, ha reconocido Rajoy
que tiene como objetivo moderar los salarios.
El gobierno y la troika
confían en que se cree empleo y se reactive la economía gracias a las reformas
estructurales (la reforma financiera y la reforma laboral como los dos pilares
fundamentales). La argumentación está basada en las tesis de la teoría
económica neoclásica, que aseguran que el desempleo es causado por distorsiones
en el mercado de trabajo y que la falta de crédito derivada de los activos
tóxicos es la que obstruye el crecimiento económico.
La troika entiende que en
España hay una importante dualidad en el trabajo, con una parte de la población
siendo fija y otra siendo temporal. La solución es, según su visión,
homogeneizar las condiciones laborales a partir de la moderación salarial. Es
decir, rebajar las condiciones de los de “arriba” para equipararlas a los de
“abajo” y acabar así con los incentivos perversos en la contratación. Si los
salarios bajan, los empresarios contratarán trabajadores y la actividad económica
se recuperará.
Todo ello no tiene ningún
sentido económico en la realidad social. Los empresarios aseguran, según el
último informe del Consejo Económico y Social, que el problema principal es la
falta de demanda y la falta de crédito, y no una cuestión salarial. Y esa falta
de demanda es debida a que hay una parte de la población que es muy rica y
consume relativamente poco en la economía real (en relación a sus ingresos) y
una población crecientemente empobrecida y cuyo consumo se ha desplomado (estaba
artificialmente alto por el endeudamiento). Es la crisis y la desigualdad la
que han llevado a que el paro se dispare, no los bajos salarios. Y estas
medidas solo consiguen profundizar en las deficiencias de la economía.
Por otra parte, la reforma del
sistema financiero es sólo para tapar agujeros creados por la borrachera de
crédito que tuvieron las entidades y que ahora estamos pagando entre todos.
Pero aunque se tapen con éxito todos los agujeros, el sistema financiero no
volverá a dar créditos por dos razones obvias: en primer lugar porque las
empresas y hogares están excesivamente endeudados y lo que tratan es reducir
esa exposición, no incrementarla, y en segundo lugar porque ningún banco dará
créditos en una situación de crisis y donde la probabilidad de recuperar el
dinero es muy reducida. En definitiva, la raíz del problema –más allá de las
apariencias de los activos tóxicos- está en la economía real de nuevo.
Y es que el problema
fundamental es que España carece de un modelo de crecimiento estable. Se ha
hundido su modelo basado en el crédito –y que ha generado desequilibrios
comerciales enormes- y ahora no tiene cómo volver a crecer y crear empleo. Por
eso las necesarias reformas han de ser radicales y han de suponer un proceso de
transformación productiva que conlleve, necesariamente por el contexto, la
nacionalización de las grandes empresas y de todo el sistema financiero amén de
un fuerte proceso de redistribución de la renta y de la riqueza. De otra forma
la única alternativa técnica que le queda al sistema es una huida hacia delante
deprimiendo salarios y llevando a nuestra economía a competir con países de
bajos salarios como China o los países del este. Pero la troika es demasiado
ingenua si cree que la sociedad, sabedora de que hay alternativas o
sencillamente por reacción a un deterioro tan profundo, permanecerá impasible
sin hacer tambalear el sistema económico y político definitivamente.
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