RESIDENCIA DE ANCIANOS

Ante los continuos rumores que se están haciendo sobre el funcionamiento de nuestra Residencia de Mayores, conviene recordar la reflexión que hacía nuestro Grupo IU-San Vicente en su Boletín Informativo del 12 de febrero de 2012:

"En Sesión Plenaria del día 27 de septiembre de 2011 celebrada en el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, se aprobaba el pliego  de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la contratación del servicio de la Residencia de Asistidos”. Dicho de una forma más clara y menos rimbombante, se PRIVATIZA la gestión de nuestra residencia de ancianos. Y conviene incidir en el término "privatización", ya que a menudo se recurre a eufemismos como ¨gestión indirecta¨ o ¨externalización¨ con la pretensión de que el lenguaje no aluda de forma más clara a la realidad o intente disimularla.

Los votos favorables del PP y PSOE lo hicieron posible frente a la posición contraria de IU. Queremos que quede ¨meridianamente claro¨ que NO votamos contra nuestra residencia y SÍ contra su gestión privada. Recuérdese que fue desde nuestro Grupo, hace ya bastantes años, de donde partió la demanda de este servicio.

Es cierto que la titularidad de nuestra residencia es pública -el Ayuntamiento es el principal responsable -, faltaría más, siendo público el dinero que la ha financiado, pero el contrato de adjudicación tiene una duración de 20 años.

En dicho Pleno, IU incidía en los dos grandes escollos o dificultades que condenaban la gestión pública, considerando responsables tanto al Gobierno Local (psoe) como a la Junta de Extremadura (gobernada entonces por el psoe) y que son los siguientes:

Primero.- La falta de equipamiento de nuestro Centro, o sea, todo el mobiliario y equipo necesario para su funcionamiento. Nos han construido el edificio y nos lo han dejado, como suele decirse, con las cuatro paredes peladas. La consecuencia lógica que de aquí se deriva es que si no lo equipó la Administración, lo tendrá que hacer la empresa adjudicataria que a su vez amortizará el coste de la inversión en el precio del servicio prestado y que por tanto, quienes verdaderamente lo pagarán serán los usuarios.

Segundo.- Un convenio insuficiente para un número de plazas que se queda en el 45% del total (27 de las 60), o sea, sólo estas 27 plazas contarán con subvención pública para financiarse y además, 14 de ellas se las reserva el SEPAD (la Junta de Extremadura), con lo que quedan únicamente 13 a nuestra disposición.

La tarifa para las plazas de residentes no subvencionadas, o sea, 33 de las 60, es de 1.000 euros al mes + IVA (1.100  euros al mes aprox.). También contará el Centro con 10 plazas en régimen  de Centro de Día cuya tarifa es de 600 euros aprox. al mes. Nuestro Grupo considera que los servicios sociales básicos, sanidad, educación, dependencia, etc, o el caso que nos ocupa, deben ser públicos y universales, financiados vía impuestos, donde las Administraciones ejercen como factor de solidaridad de quienes más tienen sobre los que tienen menos. Nuestro sistema sanitario es todavía ejemplo de ello. La alternativa, correspondiente a la gestión privada, implica la financiación de este servicio vía precio, donde se le pone una tarifa a un servicio y quien se lo puede permitir accede y quien no, queda excluido, normalmente la mayoría. En este caso no hay factor que corrija las diferencias de fortuna.

En resumen, consideramos que los servicios sociales fundamentales no deben servir a fines "mercantilistas” y deben ser siempre públicos y universales.